Las consecuencias de una mala regulación.
23/12/2007 versión para imprimir

La experiencia nos dice que la actual regulación española sobre el aborto es mala. Y lo es por varias razones. La más importante es que dentro de la actual regulación cuesta encontrar el reconocimiento del aborto como un elemento directamente relacionado con los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres, tal y como se ha recogido en diferentes conferencias mundiales de Naciones Unidas -El Cairo, Pekín- o por la Organización Mundial de la Salud. En lugar de encontrar esto en el Código Penal, donde se regula este asunto en España, podemos leer lo que podría calificarse como una concesión en la que las protagonistas y portadoras principales de ese derecho deben ser sometidas a una serie de exámenes, incluido el de su propia cordura, para poder hacerlo efectivo. Sólo una vez pasados estos filtros, una mujer puede interrumpir un embarazo no elegido o no deseado. Además, incluso después de superados los diferentes requisitos, «cualquier persona interesada» - fantástica indeterminación del Tribunal Constitucional tratándose de una cuestión que sólo puede desarrollarse utilizando los órganos reproductivos de una persona, una mujer- puede hacer una reclamación para la revisión de los criterios médicos que justificaron la intervención. En definitiva, nada más lejos de un derecho, ya que sólo puede accederse a él con la autorización de terceros, puede ser cuestionado por otros y está fundado en causas que nada tienen que ver con la decisión de la propia interesada.

Es mala, además, porque no refleja en absoluto la realidad y necesidad social que pretende atender. La inmensa mayoría de los abortos se producen en las primeras semanas de embarazo, cuestión de pura lógica, ya que una persona que no desea llevar a término la gestación intenta interrumpirla con la mayor celeridad posible. Pero, incluso en esos supuestos, sólo puede hacerlo si demuestra que el desarrollo del mismo supone un grave riesgo para su salud física o psicológica. La ley no define las condiciones que debe cumplir ese grave riesgo y tampoco establece un plazo límite. Esto significa que, para lo que conocemos como tercer supuesto, la misma razón que habilita para interrumpir un embarazo de, por ejemplo, 12 semanas, puede ser utilizada para hacerlo por encima de la semana 24. Es el criterio profesional el que valora si procede o no realizar la intervención.

En tercer lugar, la actual regulación no sólo no ha garantizado, sino que, en algunos contextos, ha renunciado de forma realmente alarmante a atender un tema tan importante dentro de la sanidad pública. La participación en este punto de las clínicas privadas -estoy convencida de que la mayoría cumple con todos los requerimientos administrativos y legales-, ha facilitado que las mujeres pudieran acceder a los tres supuestos legalmente reconocidos. Pero si tantas condiciones médicas pretendía establecer la ley, no resulta en absoluto lógico dejar que el criterio profesional esté sometido, además, a las reglas del mercado.

Por último, aunque podrían citarse más argumentos, es una mala regulación porque no es coherente con la inmensa mayoría de las legislaciones de los estados de nuestro entorno geográfico y cultural, lo que provoca desajustes y extraños saltos de frontera, difíciles de sostener en un contexto de construcción de una ciudadanía común como es la Unión Europea.

La experiencia nos demuestra que la desconfianza de la actual regulación para con la libertad de decisión de las propias mujeres, lejos de ser una limitación y prevención del número de abortos, sólo ha conseguido crear escenarios de inseguridad jurídica y conflictividad social.

La mejor opción para la regulación del aborto es el respeto a la libre decisión de las mujeres, con un límite temporal que debe ser fijado a través de un acuerdo que considere los criterios de la bioética, así como la regulación rigurosa y clara de un aborto terapéutico para casos tasados, adecuados y respetuosos con la realidad y la necesidad de quienes tienen que enfrentarse a una dura decisión.

Marisa Soleto es directora de la Fundación Mujeres.

 



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