Hay que seguir insistiendo
06/10/2008 versión para imprimir
Hay que seguir insistiendo
Marisa Soleto

Allí donde la Ley Integral contra la violencia de género ha podido desarrollarse, se aprecian resultados positivos en la erradicación de la violencia contra las mujeres”. Es una de las conclusiones del balance de la aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género, recientemente presentado, y resume con bastante claridad cuál es la actual situación en España.

La violencia contra las mujeres ha sido preocupación permanente de los movimientos de mujeres, que tuvieron que reclamar la necesidad de sacar a la luz la auténtica dimensión este crimen contra la vida y los derechos de las mujeres. Venimos de un tiempo, no muy lejano, en el que el maltrato contra las mujeres, era considerado como un problema que no requería la intervención de los Poderes Públicos.

Las cosas han cambiado mucho. La legislación española de los últimos años, nos han colocado a la vanguardia internacional de las propuestas para la erradicación de la violencia de género. Además, se ha producido una gran movilización de la opinión social, protagonizada inicialmente por las organizaciones feministas, pero que, de una u otra forma, principalmente a favor, pero también “en contra”, ha implicado a un gran número de agentes y sectores sociales.

A finales de los años 90, organizaciones feministas, organizaron una campaña que reclamaba el desarrollo de una ley, que abordara la violencia de género desde una aproximación integral, tratando los temas penales y policiales, pero, también, otros aspectos sociales y de prevención. Las diferencias entre las posiciones de estas organizaciones y el tratamiento oficial que recibía la violencia de género eran muchas, tanto en relación con las medidas de atención a las victimas, como en el análisis del fenómeno. Aunque a partir del año 2002, comienzan a producirse algunos avances en materia de protección y en las estadísticas oficiales, hubo que esperar hasta el año 2005 para que se aprobara una regulación integral contra la violencia de género en las relaciones de pareja. Una ley que se elaboró desde un nuevo gobierno, recogiendo parte de las propuestas de las organizaciones feministas, que fue aprobada por unanimidad del legislativo y que era apoyada por la inmensa mayoría de la población española, según los datos recogidos por el CIS en aquel momento.

Sin embargo, a pesar de este abrumador apoyo, la Ley no ha tenido un desarrollo tranquilo. Casi de forma inmediata, comenzó a ser cuestionada desde diferentes sectores sociales, profesionales e incluso políticos. Las cuestiones previas de inconstitucionalidad no se hicieron esperar y ha habido colectivos organizados, especialmente de hombres contra esta regulación, que no han cejado en su empeño de desacreditar esta norma, incluso arremetiendo contra las propias mujeres víctimas de este delito.

Por otra parte, la puesta en marcha de las diferentes medidas contempladas en la Ley, ha sido desigual. Se necesita un esfuerzo de coordinación entre las diferentes administraciones públicas, que se ha hecho esperar en algunos casos, tanto en relación con la atención y la protección de las mujeres, como en materia de prevención. Este compromiso de los diferentes actores implicados, no venía “de serie” con la aprobación de la Ley, sino que ha sido y sigue siendo necesario trabajarlo y obtenerlo para su buen desarrollo.

En definitiva, queda mucho por hacer, tanto en la ejecución de las medidas como en la necesaria sensibilización social. Pero, desde este convencimiento, la valoración de los esfuerzos realizados en los últimos años, es positiva. Los recursos facilitados por la Ley están siendo utilizados, son cada vez más las mujeres que pueden salir de situaciones de maltrato, conocemos cada vez mejor la situación y los diferentes aspectos de este complejo fenómeno y, aunque muy lentamente, se están mejorado los sistemas de protección y el acceso a los recursos. Continúa existiendo una desigual aplicación de la Ley en el ámbito judicial y persisten problemas tanto en relación con la actividad de los jueces como de los equipos de valoración psicosocial de los juzgados.

Es necesario seguir insistiendo. La violencia contra las mujeres es fruto de la desigualdad y la discriminación por razón de sexo que, aún hoy, continúa vigente en muchos aspectos de las relaciones entre mujeres y hombres. La pelea por su erradicación, es una carrera de fondo y la mejor herramienta que tenemos en este momento, es la legislación vigente, que necesita de un apoyo y compromiso general para producir sus mejores resultados.
 
(Público, 26-09-2008)


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