Restituir el Plan Vida a las víctimas de violencia de género
02/12/2008 versión para imprimir
Restituir el Plan Vida a las víctimas de violencia de género
 
MARÍA DURAN I FEBRER

El Proyecto de vida de una persona es de una gran complejidad, sin embargo, en líneas generales puede afirmarse que se basa en tener salud, disponer de un trabajo que confiera autonomía y las relaciones humanas que ayuden al crecimiento personal.

La violencia de género no sólo causa lesiones, graves daños físicos y psíquicos a sus víctimas, sino que quiebra su proyecto de vida.
La mujer víctima había realizado un aprendizaje y desarrollado unas habilidades que le permitían albergar unas expectativas sobre su vida profesional, personal y social con una posibilidad razonable de llevarlas a cabo. Este era su proyecto de vida.

La violencia de género consigue que la víctima se quede indefensa frente al agresor y se caracteriza por un proceso continuado que se inicia con actitudes socialmente toleradas, incrementándose paulatinamente en el tiempo. Así la víctima padece un dolor y sufrimiento emocional que comienza con la confusión y la duda, sigue con la renuncia y la anulación personal, hasta llegar a padecer un intenso temor frente al maltratador que genera indefensión. El comportamiento despreciativo hacia la mujer, los ataques verbales persistentes contra la autoestima, el limitar, y otras veces prohibir, que se relacione con sus parientes o amistades, el control del dinero, las acusaciones repetidas de infidelidad y de culpabilidad, unido a los ataques a la integridad física y sexual de la mujer o de los y las hijas, quiebran su proyecto de vida.

Son de tal magnitud las consecuencias de la violencia, que la Organización Mundial de la Salud ha publicado dos Informes sobre la influencia de la violencia en la salud; ambos documentos describen cómo las consecuencias de la violencia doméstica afectan gravemente a la salud y al bienestar de la comunidad. Las mujeres que conviven con un violento tienen un alto riesgo de padecer depresión, dolores crónicos, con muchas probabilidades de una reducción cuantitativa del tiempo de vida.

El impacto en los y las niñas que son testigos de la violencia familiar deriva en un elevadísimo riesgo de padecer problemas emocionales y conductuales incluyendo anorexia, depresión, bajo rendimiento escolar y baja autoestima.

La violencia de género afecta también a la autonomía de la mujer y más concretamente al mantenimiento del puesto de trabajo. El maltrato no se limita al hogar, el hostigamiento a la víctima en su centro de trabajo incluye todo tipo de comportamientos que influyen en la habilidad de una persona para hacer su trabajo. El violento suele vigilar, seguir y acosar mediante llamadas telefónicas o con su presencia física en el centro de trabajo de la esposa, compañera o novia, lo que algunas veces continua después de que haya finalizado la relación.

Muchas veces las mujeres maltratadas se ven obligadas a dejar su casa y refugiarse en un centro de acogida o en casa de parientes o allegados. Si la víctima es una mujer de edad avanzada, la posibilidad de cesar la relación violenta dependerá de la posibilidad de encontrar otro lugar donde vivir.

La violencia de género rompe cualquier proyecto de vida hasta modificar las condiciones de existencia de la mujer. Las alteraciones del entorno objetivo de la víctima y la relación de ésta con aquel, se prolongan en el tiempo mucho mas allá del momento del cese de la situación violenta, privando a la mujer de afectos y satisfacciones que le permiten disfrutar de la vida y la dotan de sentido.
Estas modificaciones de las condiciones de existencia deben ser reparadas, pero las indemnizaciones por los daños materiales, morales, las lesiones y secuelas no son suficientes para restituir el proyecto de vida, por esto la Ley Integral contra la Violencia de Género reconocer derechos sociales en el campo de la salud el trabajo y la vivienda, siendo especialmente relevantes los derechos laborales y funcionariales reconocidos en esta Ley a las mujeres víctimas de violencia de género.

La cuestión que, a tres años vista, cabe plantear es si se han creado las condiciones para el ejercicio de estos derechos sociales, si las mujeres que han sido víctimas de violencia conyugal, han arriesgado su puesto de trabajo, por ejercer los derechos laborales previstos en esta Ley.

En Estados Unidos y parte de Europa ha surgido dentro del sector empresarial una red denominada Alianza Empresarial contra la Violencia de Género que tiene entre sus fines, dar la asistencia necesaria a sus empleadas víctimas de violencia y al mismo tiempo publicitar que la empresa está en contra de la violencia de género. La divulgación de los derechos laborales de las mujeres víctimas forman parte de la llamada responsabilidad social de las empresas, y es en este contexto donde hay que situar el nuevo paradigma.

La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres reconoce el buen hacer del empresariado socialmente responsable que da a conocer y facilita a sus empleadas el ejercicio de estos derechos laborales, patrocina actividades de sensibilización que desarrollan las asociaciones, reserva determinado número de plazas para las mujeres víctimas de violencia de género que carecen de empleo y recursos, e incorpora en su publicidad su compromiso en la erradicación de esta grave lacra social.
En les Illes Balears el fomento de la alianza empresarial contra la violencia de género es un compromiso de la Hoja de Ruta 2008-2011 para el impulso de la Responsabilidad Social.

(*) María Duran i Febrer es directora general de Responsabilidad Social Corporativa.
 


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