El PSOE advierte al Gobierno de que “si quiere hacer solo el viaje contra la violencia de género se equivoca"
09/10/2013

El PP rechaza una proposición de ley del Grupo socialista para aumentar la protección de los menores frente a los delitos de violencia de género. “Bájense del pedestal de la mayoría absoluta”, les ha pedido la diputada Ángeles Álvarez.
 
Madrid, 8 de octubre de 2013.- La diputada Ángeles Álvarez ha defendido hoy en el Pleno del Congreso una proposición de Ley que “pretende impulsar una batería de reformas orientadas a aumentar protección menores frente a delitos violencia de género”; entre otras, que el juez pueda suprimir la guarda y custodia de los hijos, así como el régimen de visitas, en aquellos casos de separación o divorcio en los que aprecie indicios suficientes de violencia de género, aunque el maltratador no esté imputado o condenado.
Ante el rechazo del PP a tomar en consideración esta proposición de ley, Ángeles Álvarez ha advertido de que “es preciso intervenir” y que “si el Gobierno quiere hacer solo este viaje contra la violencia de género se equivocará, porque éste es un asunto de Estado que debemos afrontar unidos”.
 
“Bájense del pedestal de la mayoría absoluta”- les ha espetado- “y permitan que se tome en consideración esta propuesta, que envía el mensaje de la rotundidad de  las acciones que desde el Estado estamos dispuestos a emprender a la hora de proteger de los menores, sin fisuras, con contundencia, y sin olvidar que el interés superior del menor tiene como punto de partida su seguridad”.
 
La portavoz socialista ha denunciado que “llevamos dos años haciendo propuestas relacionadas con la protección menores, y el PP ha votado en contra, de manera indiscriminada, a medidas tan razonables como apoyar a los huérfanos, garantizarles el refuerzo educativo o mantener los derechos que les asistían cuando sus madres aún estaban vivas”.
 
Suspender la custodia y el régimen de visitas a los maltratadores
 
En concreto, la iniciativa plantea que, cuando haya indicios de peligrosidad, “no se anteponga el derecho de los progenitores a mantener el contacto con sus hijos al derecho de los menores a estar protegidos frente a comportamientos violentos”. “No es un elemento de privación de un derecho, sino un instrumento asegurador de la protección de los menores cuando existen indicios fundados de riesgo”, ha puntualizado.
 
Ángeles Álvarez –que ha comenzado su intervención manifestando “las condolencias a la familia de la menor asesinada en Tárrega y la repulsa y el dolor que nos produce la violencia sexista”- ha señalado que, aunque la Ley contra la violencia de género reconoce a los hijos como víctimas de las situaciones de violencia en el entorno familiar, y establece medidas judiciales de protección y seguridad de los menores, no obstante, “se producen disfunciones en la aplicación de los instrumentos legales” y la “casuística de la realidad desborda el marco legal”, que “debe ser reforzado y ampliado”.
 
“Es preciso que los menores cuenten con entorno seguro y alejado del maltrato. Desgraciadamente no siempre es posible; el maltrato hacia la madre no cesa tras la separación y lo más frecuente es que el menor tenga que seguir viendo o conviviendo con el progenitor violento”, señaló. En ocasiones, estas situaciones desembocan en el asesinato de menores por sus progenitores. Por ello, se hace necesario “modificar las normas para fortalecer la protección de los hijos e hijas menores expuestos a violencia de género”.
 
Diferentes organismos y expertos indican de manera contundente que “debe considerarse que las relaciones paterno filiales no están por encima del interés superior del menor”. En este sentido, la iniciativa plantea que “en materia de custodia y régimen de visitas existan limitaciones con fundamentación explícita del juez cuando haya indicios de peligrosidad”.
 
“Una medida de suspensión cautelar de las comunicaciones del presunto agresor con los menores, les protege. Suspender la guardia y custodia cuando existen indicios racionales de violencia de género, les protege Y atiende al interés superior del menor evitar que quien le agrede y convierte en víctima mantenga su guardia y custodia y el régimen de visitas”, ha subrayado Ángeles Álvarez.
 
La diputada socialista ha revelado que “son escasísimos los casos violencia de género en los que se priva a un progenitor del ejercicio de la patria potestad o se restringe el régimen de visitas”: para las más de 2000 valoraciones de riesgo extremo realizadas por la policía, los tribunales habrían suspendido la guardia y custodia en menos del 1 % de casos, y habrían mantenido el régimen de visitas en el 61% de los casos. Y en casos de alto riesgo, los tribunales mantienen el régimen visitas en el 91% de los casos, la patria potestad en el 99% y las custodia casi en el 100%.
 
La proposición de ley propone también otras medidas como atribuir a los juzgados de violencia contra la mujer la competencia para conocer los delitos de quebrantamiento de condena y la instrucción de los delitos contra los derechos y deberes familiares, “por ser los órganos más adecuados para valorar la situación de riesgo de las víctimas”. Otro elemento es la creación de un registro de sentencias por impago de alimentos, esencial para identificar la modalidad de violencia económica.



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